Estudios internacionales en la materia dan cuenta que, a menor presión tributaria y regulación estatal y manejo transparente y eficiente de los recursos, mayor reducción de la economía informal y, por lo tanto, menor evasión fiscal.
Un caso reciente ha revitalizado el debate sobre el manejo de los recursos fiscales del Estado Nacional por parte de quienes tienen la función de gestionarlos. Este hecho tal vez nos pueda hacer reflexionar sobre la cultura tributaria de nuestra sociedad. La evasión tributaria y la gestión de los recursos públicos constituyen dos caras de la misma moneda que se retroalimentan.
La evasión tributaria se origina, mayormente, en la economía oculta o informal. Las actividades económicas informales incluyen tanto a las actividades permitidas y no declaradas por los contribuyentes como a aquellas prohibidas o ilícitas.
Dicha economía subterránea tiene raíces históricas muy profundas en nuestro país, pero las causas de su evolución pueden resumirse en la alta presión tributaria, el exceso de regulaciones y prohibiciones y la gestión ineficiente y poco transparente de los recursos por parte del Estado. Estudios internacionales en la materia dan cuenta que, a menor presión tributaria y regulación estatal y manejo transparente y eficiente de los recursos, mayor reducción de la economía informal y, por lo tanto, menor evasión fiscal.
En cuanto a la primera de las causas invocadas (presión tributaria), las estimaciones más recientes muestran que la recaudación tributaria de 2020 supera el 30% del PBI (incluyendo todos los niveles de imposición estatal). Dicho porcentaje es bajo si se lo compara con el promedio de los países que integran la OCDE. No obstante, en países con alto grado de informalidad económica, el indicador de recaudación tributaria sobre PBI no es un reflejo adecuado ya que diluye el efecto que soportan aquellos que se encuentran en la formalidad sobre el total del Producto. Si se mide la presión fiscal a la que se encuentra expuesta una empresa en total formalidad, nos encontramos con guarismos totalmente distintos. Al solo efecto ilustrativo, el Banco Mundial estimó en su publicación de 2020 que la presión tributaria general a la que se encuentra expuesta una “Pyme” argentina, supera el 100% de la utilidad antes de impuestos.
Este formato utilizado por el organismo multilateral citado expone claramente cómo aquéllos que actúan en el sector formal de la ecuación económica argentina, soportan sobre sus hombros al Estado en todos sus niveles.
Cualquier intento de aumentar la recaudación y mejorar la situación de los contribuyentes del sector formal al mismo tiempo, requiere que un porcentaje del universo informal de contribuyentes comiencen a ser parte del sistema. Este cambio de paradigma permitiría el ingreso al sistema de un segmento de contribuyentes que aliviaría la carga fiscal del resto e, indirectamente, produciría una mejor ecuación de competitividad de los productos y servicios locales.
Por último, la informalidad creciente de la economía y la consecuente evasión tributaria, no solo son producto de la presión tributaria que soporta el sector formal sino también del manejo poco transparente y discrecional de los recursos fiscales. La gestión de recursos públicos debe necesariamente partir de la definición que el dinero del Estado o el dinero público no es otra cosa sino el dinero de los contribuyentes. De poco sirve intentar incentivar la cultura tributaria en la población si el propio sujeto activo dispone discrecionalmente de esos recursos. Ni el Estado en todas sus formas y menos aún los funcionarios se constituyente en dueños o propietarios de dichos recursos. Su función radica exclusivamente en gestionar y administrar los recursos y rendir cuentas de sus actos. Los países más desarrollados refieren siempre al dinero de los contribuyentes cuando deben explicar decisiones de inversión o gasto público. La sociedad argentina y sus representantes habrán dado un gran paso hacia una nueva cultura tributaria si logran concordar en este concepto básico.
