El año 2020 será recordado primariamente por la crisis sanitaria sin precedentes que asoló al mundo entero. Pero también lo recordaremos por un período que puso la discusión tributaria en el centro del debate nacional. Las necesidades de financiamiento del Estado se incrementaron con la instalación de la pandemia. El debate entre ingreso privado y gasto público capturó la atención de la opinión pública en forma general. El ciudadano común hoy opina sobre el financiamiento de los distintos niveles del Estado. La sociedad argentina parece haber comprendido que el gasto público es igual a ingreso privado. Los impuestos constituyen el financiamiento que sustenta el funcionamiento del estado en todas sus formas.
En otros países, la cuestión tributaria ha sido centro del debate desde hace ya más de una década. El punto de inflexión no obstante ocurrió en la ya famosa discusión pública que tuvo lugar en la Cámara de los Comunes en Inglaterra. En 2012, una comisión especial del poder legislativo de aquel país discutió con tres empresas multinacionales la utilización de sus modelos de negocios y la escasa recaudación tributaria que dejaban en el Reino Unido. La audiencia, que puede verse actualmente en YouTube, sorprendió a la comunidad de negocios internacional en aquel momento por la ausencia de discusión técnica. Hasta ese momento, el debate tributario, se daba mayormente en los claustros universitarios, en foros técnicos de la profesión o en la justicia.
En esa oportunidad, la comisión parlamentaria enfocó el eje de su argumento en la “porción justa de impuestos” que todo contribuyente debe pagar (fair share of tax, en inglés). Este concepto se encuentra en las antípodas del principio de legalidad de todo tributo. De hecho, cuando una de las empresas cuestionadas intentó defender su posición advirtiendo que la determinación de sus impuestos era el resultado de un pormenorizado análisis y consecuente aplicación de las leyes tributarias de cada jurisdicción en las que operaba, la legisladora interviniente inmediatamente cruzó al vocero de la empresa y acuñó la célebre frase “no los acusamos de ser ilegales, sino de ser inmorales”.
Las clases políticas suelen utilizar estos atajos discursivos para concentrar la atención en conceptos que no necesariamente se vinculan con la tributación. Localmente, también se ha utilizado el argumento de la “solidaridad” en materia fiscal con similar objetivo.
Aquella audiencia pública, no obstante, constituyó un punto de inflexión en el debate social sobre la aplicación y utilización de los tributos a escala global. Es sano que las sociedades democráticas debatan sobre este tema y su contracara, el gasto público, ya que condiciona a sus representantes a la hora de legislar y gestionar la administración pública.
Hoy, ante la flamante sanción y publicación en el Boletín Oficial, del denominado “Impuesto a la Riqueza” o “Aporte Solidario”, la fibra moral o solidaria se blande nuevamente desde la política para defender la aplicación del gravamen. Tal vez no sea desatinado, después de todo, introducir estos conceptos en una discusión técnico-tributaria. En esta línea cabría preguntarse, ¿sobre qué universo de contribuyentes debería el Estado cuestionar la moralidad o solidaridad de sus comportamientos tributarios? ¿sobre aquellos que tienen declarados y expuestos sus patrimonios y ya contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del estado nacional, o sobre el 50% de la economía informal de este país? El lector seguramente sacará sus propias conclusiones.
