El desarrollo sostenible ha dejado de ser una conveniencia para convertirse en un imperativo de negocio y en un eje central dentro del panorama empresarial para toda clase de compañías
2024 ha arrancado con un relevante entramado de retos para todas las empresas, no sólo las más grandes, continuando con la tendencia de los últimos años, caracterizados por un alto grado de complejidad e incertidumbre. Entre los mismos, destaca un contexto de desaceleración del crecimiento económico a medio plazo; el incremento de tensiones geopolíticas (conflictos armados en Ucrania, Oriente Medio o el Mar de China); la persistente presión sobre las cadenas de suministro como consecuencia de dichas tensiones, así como de la transición hacia un modelo de negocio más sostenible en toda la cadena de valor demandada por la propia sociedad, los clientes y la nueva regulación en materia de sostenibilidad; la irrupción de nuevas tecnologías, significativamente por su impacto transformador, las relacionadas con la inteligencia artificial generativa; o la necesidad de entendimiento y adaptación a las nuevas preferencias y demandas tanto de clientes como de empleados para poder facilitar su atracción y retención, las cuales requieren, asimismo, un enfoque transformador.
En particular, el desarrollo sostenible ha dejado de ser una conveniencia para convertirse en un imperativo de negocio y en un eje central dentro del panorama empresarial para toda clase de compañías, no sólo las grandes cotizadas. La nueva regulación europea en materia de sostenibilidad establece unos estándares más estrictos en cuanto a gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG) y exige a un progresivamente mayor número de empresas la responsabilidad de incorporar prácticas sostenibles en el núcleo de sus operaciones, con el fin de alinear las expectativas corporativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
En el aspecto medioambiental, se requieren innovaciones en cuanto a eficiencia energética y reducción de la huella de carbono (propuesta de Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases; Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2024, por la que se modifican diversas Directivas, en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información); por otro lado, socialmente, las empresas deben garantizar prácticas laborales en las cuales se promueva la inclusión, la diversidad y el bienestar de los empleados (Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación; Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo). Por último, y no menos importante, en términos de gobernanza, la transparencia y la ética empresarial se convierten en pilares fundamentales para construir una reputación sólida para las compañías. En este último ámbito son destacables, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión; la Directiva 2022/2464, de presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas, que establece que las empresas dentro de su alcance (más de 50.000 empresas según los cálculos de la Unión Europea, comparadas con las 11.000 que estaban obligadas según la anterior Directiva 2014/95 (UE)) deberán presentar su información no financiera (información sobre sostenibilidad) de acuerdo con unos estándares comunes (European Sustainability Reporting Standards -“ESRS”-); así como la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, y que, de forma gradual, se aplicará a las grandes empresas que operan en el mercado interior, así como a sus filiales y socios comerciales.
Si resulta complejo para las grandes empresas desarrollar sus negocios en un entorno marcado por las tendencias mencionadas anteriormente, todavía es mayor el esfuerzo que deben desplegar las pequeñas y medianas empresas, que conforman el 99,80% del tejido productivo de nuestro país. Estas últimas, caracterizadas por unos costes de financiación elevados, necesitan crecer para poder invertir en tecnología, innovación, búsqueda de nuevas líneas de negocio, formar a sus trabajadores y retener talento, así como para estar en disposición de incorporar todas las exigencias y requerimientos derivados del tsunami regulatorio en materia de sostenibilidad que prácticamente abarca todos los sectores de la actividad económica.
Una palanca esencial para el crecimiento de estas empresas, medianas y pequeñas, es el Gobierno Corporativo, definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) como el conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otros actores interesados (…), y que tiene como objetivo la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios.
La apuesta por la confianza y el largo plazo, especialmente relevante en momentos de transformación, como el actual, para la mayor parte de las compañías, requiere un modelo de gestión empresarial y de gobernanza (adaptado a las características y tamaño de cada organización) dotado de las herramientas y mecanismos necesarios para definir y supervisar la correcta implementación de la estrategia corporativa, equilibrar las necesidades en el corto plazo con los objetivos estratégicos más a largo plazo, fomentar una cultura adecuada, preservar la reputación de la organización, supervisar la correcta gestión de riesgos (incluidos los riegos ASG) o equilibrar los intereses de los distintos stakeholders, todo ello para tratar de garantizar la creación de valor a largo plazo.
