La participación empresarial será clave en la consecución de los objetivos climáticos establecidos.
Apenas se escuchan ya los ecos de la COP 26, que ocupó parte importante de nuestra atención durante algunas semanas, en noviembre del año pasado. Antes y después, la maquinaria legislativa de la Unión Europea no cesa el impulso necesario para transformar nuestra economía, de modo que los europeos cumplamos con el medio ambiente.
Siempre a la altura de los compromisos climáticos mundiales, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE se sitúan actualmente en torno al 8%. Una “irrelevancia creciente” en cuanto a emisiones, buscada y que debemos reconocer. Que cada año nuestras emisiones sean menores es consecuencia del camino recorrido hasta hoy. Pero queda mucho aún hasta llegar a la meta: alcanzar la neutralidad climática en 2050, con una reducción de al menos un 55% con respecto de las emisiones de 1990 en 2030 (adelantándonos a lo estipulado en el Acuerdo de París, y al margen de los menores compromisos del resto de los países.
La Ley Europea del Clima ha transformado nuestros objetivos de aspiraciones a obligaciones. Para poder cumplir estos imperativos legales se requiere revisar toda la legislación europea en materia de energía y clima. Por ello, en julio del pasado año, la Comisión Europea presentó una batería de iniciativas legislativas conocida como “Fit for 55”, a las que se sumaron las de diciembre para el fomento de gases renovables o de bajas emisiones e hidrógeno, la reducción de las emisiones de metano en el sector energético y que aún se complementarán con nuevas propuestas a lo largo de 2022.
Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo -donde están representados los gobiernos de los 27 Estados miembros de la Unión- tendrán que dedicar muchas horas en 2022 hasta lograr, lo antes posible, los acuerdos necesarios para aprobar esta legislación hoy en negociación.
Todos los sectores de la economía deben contribuir a lograr la neutralidad climática, y por lo tanto, todos ellos se enfrentan a una gran transformación. Los sectores sometidos al régimen de comercio de derecho de emisión (ETS por sus siglas en inglés): la generación de electricidad, la industria de gran consumo de energía, la aviación y a partir de que se aprueben las propuestas, el sector marítimo, deberán acelerar su ritmo de reducción de emisiones.
El sector energético también deberá incrementar la producción de energía renovable, hasta un 40% en 2030, frente al 32% actualmente establecido. El transporte se verá afectado de múltiples maneras: además de la integración del sector marítimo y refuerzo de la aviación en el régimen ETS, se creará un régimen diferenciado de comercio de derechos de emisiones para el transporte por carretera. Se modificará la Directiva sobre fiscalidad energética, de modo que la imposición a los carburantes refleje el impacto en el medio ambiente y en nuestra salud.
La industria del automóvil deberá avanzar fabricar vehículos menos emisores, y cero en 2035, del mismo modo que en 2030 deberán serlo todos los edificios de nueva construcción.
Los llamados “sectores difusos”, es decir, agricultura, industria, transporte, edificación y residuos, deberán reducir a mayor ritmo sus emisiones, del 29% actual sobre las de 2005 al 40%.
En 2030 los sumideros naturales deben retirar carbono equivalente a 310 millones de toneladas de CO2, un aumento del 15% sobre la situación actual, y en 2035 se ha propuesto que los sectores del uso de la tierra, la silvicultura, la agricultura y ganadería en su conjunto alcancen la neutralidad climática. 3.000 millones de nuevos árboles deben ser plantados en toda la UE hasta 2030.
El riesgo de fuga de carbono, es decir, que las empresas se trasladen allí donde no hay exigencias en materia climática, o son muy menores, o la sustitución de productos europeos por importaciones de otros más intensivos en carbono, puede comprometer todos los esfuerzos realizados por la Unión Europea desplazando las emisiones fuera de nuestras fronteras. Para evitarlo, se establecerá, inicialmente para el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes y la producción de electricidad, un mecanismo de ajuste en frontera que iguale el precio del carbono de los productos europeos y los importados.
No debe olvidarse que, a corto plazo, la lucha contra el cambio climático tiene un coste, especialmente para los hogares más vulnerables y las microempresas. Con el objetivo de lograr un reparto equitativo de los costes de hacer frente al cambio climático, se creará un Fondo Social para el Clima.
Sin duda, habrá un impacto importante en las compañías y no es posible lograr nuestros objetivos y cumplir nuestras obligaciones climáticas sin la participación empresarial. Tanto es así que la Ley Europea del Clima les invita a elaborar sus propias hojas de ruta indicativas, a nivel sectorial, para alcanzar la neutralidad climática.
Está acordado que el 30% de la financiación europea ordinaria se destine a posibilitar esta transformación de la economía. El 37% en el caso de la financiación comunitaria extraordinaria para paliar los efectos de la crisis del Covid-19. Por ello, 2022 debiera ser un año no solo de impulso normativo, sino también inversor, compensando la menor ejecución de estos fondos en 2021.
Cada año que pasa es uno menos que tenemos a nuestra disposición para actuar, uno más en el que se acumulan gases de efecto invernadero en la atmósfera y un año más en el que se consolida la evidencia científica sobre la urgente necesidad de acción climática. Cierto es también que cada año se suman compromisos, acciones, financiación, legislación, conocimiento, investigación, desarrollos tecnológicos y nuevas voluntades, decisiones y contribuciones, públicas y privadas. Esperemos batir récords de todo ello en 2022 y dar un paso decisivo que haga posible alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Publicado en El Economista
