Los estados deben dar cumplimiento a las recomendaciones de reformas de la Comisión para recibir los fondos de recuperación.
El pasado 18 de diciembre el Consejo de la UE alcanzó un acuerdo con el Parlamento Europeo que, a falta de ratificación definitiva en enero de 2021, culmina la regulación del principal componente del Fondo NextGeneration: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las reglas comunitarias para la distribución y gestión de los 672.500 millones de euros para impulsar la transformación y recuperación de las economías europeas ya están definidas. A ellos se le unirán recursos de otros fondos extraordinarios hasta alcanzar los 750.000 millones. Europa ha estado a la altura. Es el turno de los Estados Miembro. España, que podrá recibir hasta 140.000 millones de euros, no puede dejar pasar esta oportunidad.
Las instituciones comunitarias ponen a disposición de los Estados estos recursos para el impulso de reformas e inversión en torno a seis pilares: transición verde; transformación digital; crecimiento y empleo inteligentes, sostenibles e inclusivos; cohesión social y territorial; salud y resiliencia; y políticas para la próxima generación, incluida la educación. El acuerdo alcanzado establece que al menos el 37 por ciento de los fondos se deben destinar a apoyar la transición energética y el 20 por ciento a la transición digital.
La distribución de estos fondos a los Estados miembro queda condicionada a su dedicación a estos seis pilares, así como al cumplimiento de las Recomendaciones Específicas emitidas para cada uno de ellos en el marco del proceso de coordinación del semestre europeo. La Comisión tendrá dos meses para evaluar su cumplimiento, pudiendo denegar la asignación de fondos a aquellos Estados que no las cumplan satisfactoriamente. Así, de acuerdo con la Guía publicada por la Comisión para la elaboración de los respectivos planes de recuperación y resiliencia que los Estados miembro deben remitir antes del 30 de abril para solicitar los fondos, se deberá incorporar en ellos, además de las medidas para paliar el impacto de la pandemia recomendadas por el Consejo en 2020, reformas que den cumplimiento a las recomendaciones emitidas en 2019 sobre las que la Comisión no haya observado "progreso sustancial" o "implementación completa".
Por lo que respecta a nuestro país, de acuerdo con el reciente informe del Banco de España sobre el semestre europeo, el Plan de Recuperación y Resiliencia español deberá contemplar reformas conducentes al fortalecimiento del marco presupuestario y a preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como reformas en el ámbito laboral para el impulso de la contratación indefinida y la simplificación del sistema de incentivos a la contratación, la corrección de la fragmentación en las ayudas nacionales al desempleo y disparidades educativas autonómicas y la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, entre otras.
El Gobierno de España presentó en octubre el Plan “España puede” que comienza a configurar los componentes de las inversiones y las reformas que se pretenden impulsar en torno a diez “políticas palanca”, que integran a su vez 30 proyectos o líneas de acción.
Tras la presentación de dicho plan, los fondos NextGeneration EU han comenzado a visualizarse en España en forma de créditos presupuestarios incorporados en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con 24.198 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin detallar los proyectos concretos, los presupuestos sin embargo sí dan una visión sobre cómo el Gobierno de España propone que se gestionen desde punto de vista orgánico o institucional (qué administración los canaliza o gestiona), económico (en concepto de qué), y por política de gasto (para qué).
El ministerio con mayor asignación presupuestaria es el de Transición Ecológica. Cuenta con 6.805 millones de euros para acometer la transición de nuestra economía a través del despliegue masivo del parque de generación renovable, las infraestructuras eléctricas, las redes inteligentes, nuevas energías limpias y regeneración urbana.
Le sigue el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 4.982 millones para financiar la transición hacia una economía verde. Más de 3.650 millones de euros destinan los PGE al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para, entre otras actuaciones y en colaboración con el resto de ministerios, impulsar la digitalización del tejido productivo español y, entre otros, un plan para abordar la digitalización de las AAPP.
Otros ministerios que agrupan una parte significativa de los créditos con cargo al NextGenerationEU son el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con 1.853 millones; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con 1.708 millones para apoyar la dinamización e internacionalización del tejido productivo español y el sector turístico; el de Trabajo y Economía Social, con 1.167 millones de euros; y el Ministerio de Ciencia e Innovación, con 1.102 millones.
Que esas partidas de gasto se conviertan en proyectos reales de inversión, en empleo, en infraestructuras y servicios para la transformación ecológica y digital de nuestro país dependerá de la evaluación que la Comisión Europea haga de los planes de inversión y de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Reino de España, así como de la capacidad de las Administraciones Públicas, en colaboración con el sector privado, de adaptarse y prepararse para su gestión. El reto es mayúsculo. Sólo en 2021, de acuerdo con los citados Presupuestos, las Administraciones Públicas españolas presupuestarán un total de 34.634 millones de fondos de recuperación, casi el doble de la cuantía de fondos europeos y de cohesión que el Reino de España ha certificado entre 2014 y 2020.
Agilizar la gestión
Por ello, el Gobierno de España tiene ya muy avanzada la elaboración del citado Plan, y tiene previsto aprobar un Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del mismo, que contempla modificaciones de la normativa de contratos, subvenciones, gestión presupuestaria y crea nuevos instrumentos de colaboración público-privada, como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE). Una norma necesaria, que debe combinar la máxima agilización de la gestión de estos fondos, con el estricto cumplimiento de la normativa comunitaria de contratación, subvenciones y ayudas de Estado, entre otras normas.
Ahora queda lo más difícil. Las instituciones comunitarias han hecho gran parte de su trabajo y han comprometido ingentes recursos en forma de deuda para las próximas generaciones de europeos. Ahora le toca a los Estados miembro transformarla en inversión productiva. El riesgo de generar falsas expectativas es muy elevado. España tiene la oportunidad de impulsar su transformación ecológica y digital y acelerar la recuperación si es capaz de acordar, diseñar y comprometer un ambicioso plan de inversiones y reformas estructurales alineadas con las prioridades europeas y que cuenten con el mayor consenso posible, para darles estabilidad y trasladar a las instituciones un necesario mensaje de confianza. No hay tiempo que perder.
Publicado en Expansión
