¿Es necesario el impuesto digital en España?

El Gobierno del Partido Socialista adoptó en la pasada legislatura un enfoque unilateral en relación con la exigencia del impuesto digital.

En la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2019-2022, además de prometer que la proporción ingresos públicos respecto a PIB se acerque al 41% en 2022, se estima que la aprobación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales recaude 1.200 millones de euros. Sin embargo, por su parte, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reduce ese impacto a una horquilla de entre 546 y 968 millones.

El pasado 18 de enero el Consejo de Ministros aprobó los anteproyectos de ley que contemplan la creación del Impuesto sobre Strategy and Transactions Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. La tramitación parlamentaria se vio paralizada por la convocatoria de elecciones. El actual Gobierno en funciones no había expresado su parecer acerca de la continuidad de dicho anteproyecto hasta el pasado lunes 8 de julio, dónde a través de las 38 páginas del documento España avanza parecía dejar en la nevera el polémico impuesto en tanto no se produzca su adopción a escala comunitaria, lo que, como veremos seguidamente, es bastante improbable que suceda. Y este 16 de julio, la titular de Economía y Empresa, Nadia Calviño, aprovechando la inauguración del DigitalES Summit en Madrid, ha vuelto, sin embargo, a sacar a la palestra la posibilidad de implantar de inmediato la tasa digital.

A nivel comunitario, el pasado 12 de marzo quedó claro que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea no están de acuerdo en la creación de un impuesto europeo que grave la actividad de las multinacionales digitales y han fiado su adopción en el futuro a un acuerdo en el seno de la OCDE. Dada la oposición de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia a este impuesto, la propuesta no volverá a discutirse en el ECOFIN hasta que dentro de la OCDE se consiga un pacto a finales de 2020.

¿Qué avances ha habido en la OCDE? En mayo se aprobó un documento como base del acuerdo en una solución fiscal global para gravar a los servicios digitales antes de que acabe 2020. Así se presentó por el secretario general Angel Gurría en la reunión de los ministros de Finanzas del G20 que se celebró en Japón los pasados 8 y 9 de junio recibiendo el respaldo del G-20.

En estos trabajos los esfuerzos se concentran en dos grandes cuestiones: la primera, la forma de organizar como deben pagarse los impuestos correspondientes, sea mediante criterios de quien debe pagar y donde, como los criterios para repartir los beneficios de la actividad en cada uno de los países en los que la actividad empresarial digital se desenvuelve. La segunda gran cuestión es cómo reducir los riesgos de evasión fiscal. Estos ámbitos de reflexión se conocen como primer pilar y segundo pilar, respectivamente.

La OCDE pretende contener de este modo la proliferación de soluciones unilaterales, de modo que lo que comenzó como la adopción de reglas adaptadas a la economía digital va camino de ser una verdadera reconfiguración de la fiscalidad internacional. Debe asimismo anotarse que no sólo los modelos de negocio digitales han forzado las costuras de los convenios para evitar la doble imposición, sino que además la reforma fiscal de EEUU en vigor desde 2018 ha supuesto una sacudida de considerables proporciones no sólo en el terreno fiscal, sino en el económico, incluyendo las estrategias y flujos de comercio internacional. La cuestión tiene por tanto verdadero alcance geopolítico, como acreditan las tensiones entre EEUU y China a cuenta del caso Huawei.

El contexto extrafiscal se ha dejado sentir asimismo en la UE. Si bien fueron cinco los países miembros (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España) los que firmaron una primera posición conjunta reclamando a la OCDE la adopción de soluciones urgentes, aunque interinas, Alemania y Reino Unido han jugado sus cartas de manera independiente.

Es muy probable que las nuevas reglas vean la luz en 2020, propiciando seguramente una suerte de sistema de fiscalidad internacional dual. Las empresas por debajo de 750 millones de euros aplicarán estándares semejantes a los actuales, basados en la tributación de la renta empresarial en el país de residencia aplicando precios de mercado para las operaciones entre empresas del grupo. Al tiempo, las empresas que superen el citado umbral aplicarán mecanismos de salvaguarda que a modo de guardarraíles eviten los excesos que el sistema actual ha generado.

Por todo ello, el Gobierno haría bien en enfocar las medidas necesarias para la sostenibilidad presupuestaria en un contexto más amplio, que contemple una revisión de diversas figuras tributarias y tipos impositivos teniendo presente la notabilísima apertura de nuestra economía. Establecer un tipo mínimo para las empresas en el impuesto sobre sociedades o retomar el impuesto sobre strategy and transactions financieras no parece que aborde la reflexión de conjunto que nuestras cuentas públicas precisan.