Por qué la gobernanza fiscal es clave en una era de mayor riesgo y controversia fiscal

Un incremento en el número e intensidad de las auditorías, un incremento en el detalle requerido en las solicitudes de información de las autoridades fiscales o el número de ellas, y un mayor riesgo o incertidumbre en torno a la administración tributaria digital a nivel mundial fueron las tres principales cuestiones relacionadas con el cumplimiento clasificadas por los ejecutivos de impuestos y finanzas en general como presentando el mayor riesgo fiscal para su empresa en el próximo periodo de dos años.

Entre quienes pasan más de la mitad de su tiempo gestionando la controversia fiscal, hubo fuertes aumentos en las predicciones para algunas áreas de controversia. Más del doble de este grupo anticipan un mayor enfoque en temas fiscales transfronterizos (como el impuesto internacional y los precios de transferencia) en comparación con los dos años anteriores, por ejemplo.

El precio de transferencia, históricamente la mayor preocupación entre los ejecutivos de impuestos y finanzas, asegura una vez más el primer lugar en la encuesta de 2023, superando los incentivos fiscales en unos 12 puntos porcentuales. Entre el grupo de líderes fiscales más senior, que posiblemente tienen mejor visibilidad de todos los riesgos fiscales que enfrenta su negocio en todo el mundo, los precios de transferencia superan los incentivos en 28 puntos porcentuales (63 % vs. 35 %). Eso es de esperar; el impacto de las externalidades, incluido el cambio empresarial sin precedentes, la continua atención global sobre los precios de transferencia como resultado tanto del proyecto original BEPS como del BEPS 2.0, y el enfoque perdurable de las administraciones fiscales en las transacciones transfronterizas, todo ello da como resultado un mayor examen de los precios de transferencia.

Estos factores (y otros más) son las razones por las que tantos ejecutivos fiscales y financieros – 84 % – afirman que mejorar la documentación contemporánea de las transacciones les ayudaría a aumentar su preparación general para las auditorías fiscales. “Los líderes de funciones fiscales necesitan reconocer que la documentación contemporánea incluye reunir la evidencia que pruebe que hiciste lo que dices que hiciste. Cada autoridad fiscal va a estar buscando más detalles, más pruebas”, dice Tracee Fultz, EY Global Transfer Pricing Leader. “Eso significa que es necesario aprender exactamente lo que es probable que cada país exija y luego crear una forma sistemática de reunir y retener pruebas”.

Incertidumbre y cambio en medio de la introducción del Pilar Dos

El Pilar Dos también es una causa probable detrás de que los incentivos fiscales se coloquen como el segundo riesgo fiscal más alto entre todos los encuestados, con muchos países reconfigurando rápidamente su caja de herramientas de incentivos para que sigan siendo atractivos tanto para la inversión entrante como para la expansión saliente. La deducibilidad de costos e intereses ocupó el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Casi la mitad (45 %) de los ejecutivos de impuestos y finanzas dicen que el Pilar Dos aumentará la probabilidad de nuevas auditorías fiscales y disputas mientras que solo el 11 % dice que resultará en una disminución. También preocupa a los encuestados lo poco que se sabe actualmente sobre cómo operarán los programas de prevención y resolución de disputas con respecto al Pilar Dos. Eso puede estar en parte por detrás de 55 % de los encuestados diciendo que piensan que el Pilar Dos aumentará sus costos generales de impuestos. “Es probable que las dimensiones multilaterales del Pilar Dos traigan controversia en años futuros, por lo que las empresas tendrán que estar listas”, dice Barbara Angus, EY Global Tax Policy Leader.

Los resultados de la encuesta indican que los preparativos están en marcha pero aún no se han completado para muchas empresas; casi la mitad (49 %) de los encuestados dicen que ya están rastreando cómo se puede implementar el Pilar Dos en las jurisdicciones en las que operan, mientras que 47 % se ha educado sobre su mecánica. Menos de cuatro de cada 10 (38 %) ejecutivos de impuestos y finanzas dicen que sus empresas han modelado los impactos del Pilar Dos, y solo el 29 % dice que ha comenzado la preparación de sistemas de IT.

Los profesionales fiscales ya han presentado ante la OCDE y gobiernos nacionales multitud de escenarios donde podrían darse disputas del Pilar Dos. Los ajustes de precios de transferencia por parte de las autoridades de ingresos también pueden ser más frecuentes, lo que refleja el hecho de que tantas cuestiones fiscales transfronterizas incorporan algún elemento de los precios de transferencia. Las nuevas reglas fiscales globales necesitan nuevos mecanismos globales de prevención y resolución de disputas, y los contribuyentes estarán interesados en garantizar que dichos mecanismos estén bien pensados, brinden los niveles de certeza deseados y estén disponibles con mucha anticipación a la introducción de la legislación local. Es poco probable que baste con modificar los instrumentos alternativos de resolución de disputas existentes.

Prueba de gobierno fiscal

Las medidas del Pilar Dos vienen en los talones de la creciente asertividad de las autoridades fiscales, que están compartiendo información entre sí a niveles sin precedentes. Como resultado, las ideas que entregan resultados a una autoridad fiscal se replican rápidamente entre otras. En este sentido, cabe destacar la adopción de nuevos programas de garantía de cumplimiento por parte de más de una docena de países en los últimos años.

Estos programas hacen a empresas seleccionadas — típicamente las empresas más grandes de una economía — una serie de preguntas detalladas que, junto con el escrutinio de las declaraciones de impuestos de la compañía, ayudan a la autoridad tributaria a evaluar riesgos y segmentarlos en diferentes grupos. Si bien no son auditorías, los cuestionarios utilizados normalmente en estos programas exigen información detallada sobre temas como el funcionamiento efectivo de la estrategia de gobierno fiscal de una empresa, su enfoque de cumplimiento fiscal y su uso de tecnología, herramientas y sistemas fiscales.

Las empresas que participan con éxito en dichos programas de garantía de cumplimiento pueden (o no, dependiendo de los detalles del programa) recibir una serie de beneficios a cambio de su participación, el más importante de los cuales suele ser una promesa (pero no una decisión legalmente vinculante) de la autoridad fiscal de que la compañía no será auditada por un período determinado a partir de entonces.

Los encuestados reportan haber visto un aumento en el uso de cuestionarios informales más recientemente que hacen preguntas similares a las del programa de garantía de cumplimiento estructurado de la autoridad tributaria, pero con mucho mayor detalle y fuera del alcance de los programas estructurados. Por ejemplo, si bien el cuestionario formal puede pedir a una empresa que describa su enfoque general de la gobernanza fiscal, el informal puede preguntar cómo funciona esa gobernanza en la práctica en relación con impuestos indirectos, impuestos sobre el empleo o precios de transferencia, entre otros temas.

Dichas solicitudes de información adicional y más detallada son una de las principales razones por las que los líderes fiscales más altos, generalmente los destinatarios típicos de dichos cuestionarios, creen que en los próximos dos años es probable que haya más auditorías así como auditorías y disputas más intensas. Estos programas de garantía de cumplimiento también están empezando a aplicarse a empresas más pequeñas, tanto en la dimensión privada como en la pública. Por lo tanto, los ejecutivos de impuestos y finanzas deben esperar que se implementen más programas de naturaleza similar en un futuro próximo, así como que dichos programas se apliquen mucho más ampliamente en diferentes tamaños de empresas. La relación contribuyente-impuesto-autoridad está cambiando.

Ya sean estructurados, informales, obligatorios o voluntarios, colectivamente estos programas tienen como objetivo asegurar el mismo objetivo – clasificar a los contribuyentes en función de su riesgo en diferentes estratos, lo que permite a las autoridades fiscales concentrar más eficazmente sus recursos de auditoría y resolución de litigios. Cumplir — y cumplir bien — será primordial.

Los resultados de la encuesta muestran que el enfoque de las autoridades fiscales en los últimos dos años — que incluyó una fuerte atención en la auditoría de los beneficiarios de las medidas de alivio de COVID-19 — está dando paso a un cambio de regreso tanto a las áreas tradicionales de escrutinio como a los exámenes de cumplimiento de las nuevas leyes fiscales, como la legislación antihíbridos. Apenas 22 % de los encuestados dice anticipar una auditoría fiscal relacionada con una medida de estímulo o apoyo de COVID-19 en los próximos dos años, frente al 35 % que dice haber experimentado una en los dos anteriores.

“Las áreas prioritarias de aplicación de impuestos se ven rápidamente mucho más típicas”, dice Martin Caplice, EY Asia-Pacific Tax Controversy Leader. “Las autoridades están enfocadas en los territorios más familiares de los precios de transferencia, las transacciones transfronterizas y el cumplimiento y la aplicación de impuestos indirectos se ven mucho más rutinarios”, 

El fenómeno del trabajo desde cualquier lugar catalizado por COVID-19 también genera preocupación entre los ejecutivos de impuestos y finanzas. El veintinueve por ciento de los encuestados dice que espera nuevas disputas fiscales sobre políticas de trabajo desde cualquier lugar en los próximos dos años, incluso en temas como la cuestión tan importante de si un empleado remoto sin saberlo crea un establecimiento permanente (PE, por sus siglas en inglés) en una jurisdicción, desencadenando obligaciones fiscales. Eso es un incremento con respecto al 24 % que dicen que experimentaron esto en los dos años anteriores, y un área a monitorear.

Aumento de los riesgos fiscales indirectos

Ejecutivos fiscales y financieros indican que los desafíos en torno a los impuestos indirectos también están creciendo. Bases impositivas más amplias para los impuestos sobre el valor agregado, incluido un mayor enfoque en los servicios y las cuestiones de PE por parte de las autoridades fiscales, se ubicaron como la principal causa de preocupación, identificada por 42 % de los encuestados. El treinta y seis por ciento dijo que la falta de documentación para fundamentar la aplicación de suministros de menor o cero calificación (como la prueba de entrega o las licencias de los clientes) era una preocupación, mientras que los impuestos a los servicios digitales — teóricamente fijados para su retiro como resultado de las negociaciones BEPS 2.0 — se ubicaron como el tercer mayor riesgo fiscal indirecto, asegurando el 35 % de las respuestas.

“Los impuestos indirectos suelen ser la fuente de ingresos de los gobiernos en tiempos de crisis”, dice Kevin MacAuley, EY Global Indirect Tax Leader. “Después de aflojar las tasas impositivas indirectas y ampliar las exenciones durante COVID-19, muchos países ahora están volviendo al otro lado del péndulo y ampliando la base, si no las tasas, de estos impuestos, aumentando el número de impuestos y aumentando la aplicación”.

Los resultados de la encuesta indican que aún persisten otras fuentes de riesgo fiscal y controversia. Por ejemplo:

• El 24 % anticipa advertencias o uso efectivo de sanciones penales y persecución por parte de una autoridad tributaria en los próximos dos años.
• 29 % están preocupados por el riesgo reputacional para su negocio como resultado de una disputa fiscal.
• El 43 % dice que la falta de claridad interna sobre cómo los impuestos se ajustan a la estructura general de gobierno de su organización plantea su mayor riesgo comercial en lo que respecta a los impuestos.
• El 37 % dice que el hecho de que los profesionales de las entidades locales no sigan los procesos fiscales de la organización es su segundo mayor riesgo relacionado con el negocio.
• El 32 % dijo que las implicaciones fiscales de la reestructuración empresarial plantean desafíos.

Todos estos riesgos — ya provengan de externalidades o de disfunciones internas — se pueden gestionar mejor con una mejor gobernanza fiscal. Esta es la primera área en la que deben enfocarse las empresas globales que esperan gestionar mejor el riesgo fiscal y reducir la incidencia de controversias fiscales.

Una mejor gobernanza fiscal, centrada en las personas, las políticas, los procesos y los controles, puede ayudar a lograr tres cosas.

• Primero, sustenta cualquier enfoque de marco global para gestionar la controversia fiscal y equipa mejor al negocio para identificar los riesgos fiscales antes y gestionar cualquier disputa que ocurra de manera más efectiva.
• En segundo lugar, crea una oportunidad para vincular más estrechamente el impuesto con los objetivos más amplios de la organización, incluidos los relacionados con ESG, no solo mejorando el nivel de confianza de múltiples stakeholders sino potencialmente incluso asegurando presupuesto y recursos adicionales para la función tributaria durante el proceso.
• En tercer lugar, apoya a la empresa en el cumplimiento de la miríada de programas centrados en la gobernanza que ahora están adoptando las autoridades fiscales a nivel mundial.

La mayoría de los ejecutivos de impuestos y finanzas dicen que su empresa tiene muchos elementos de gobernanza fiscal, incluyendo políticas fiscales, manuales detallados de políticas y procedimientos, y matrices de rendición de cuentas que definen quién hace qué, cuándo, cómo y dónde. En conjunto, estos elementos son la piedra angular de cualquier enfoque marco para gestionar de manera más efectiva el riesgo fiscal y la controversia.

Disponer de los elementos necesarios es una cosa. Ejecutarlos continuamente en armonía entre sí, así como con otras partes del negocio, es otra. Aquí, los encuestados revelan varias áreas donde falta una ejecución armoniosa.

Primero, desde un punto de vista operativo, los procesos y protocolos fiscales deben alinearse e interactuar estrechamente con las líneas de negocio y las funciones de soporte de una empresa, cada una de las cuales probablemente seguirá el enfoque de gobierno en toda la empresa. Por lo tanto, la alineación con esta estrategia más amplia debería ser un imperativo para la función tributaria. Pero casi la mitad (43 %) de los ejecutivos de impuestos y finanzas dicen que carecen de claridad sobre cómo los impuestos encajan en la estructura de gobierno más amplia de su organización. Esto puede erosionar la efectividad de la función tributaria y fue el principal riesgo de negocio identificado por los encuestados.

En segundo lugar, la función tributaria debe mantener fuertes relaciones y comunicación con decisiones y actividades empresariales más amplias. Pero muchos de los líderes fiscales más senior dicen que su función tributaria no está a la altura de este objetivo. El sesenta y uno por ciento, por ejemplo, dice que la función tributaria rara vez, a veces o nunca se ve involucrada en cambios significativos en las actividades empresariales, incluyendo cambios en el modelo de negocio, nuevos productos y nuevos servicios. De igual manera, más de la mitad (60 %) de este grupo dicen que rara vez, a veces o nunca participan en cambios en su propia estructura corporativa o en acuerdos M&A perseguidos por su empresa (58 %).

Finalmente, la adhesión a los procesos tributarios de una corporación por parte del personal financiero de la entidad local es clave para una gobernanza fiscal efectiva y, por lo tanto, para la gestión del riesgo fiscal y la controversia. Sin ella, el personal de las entidades locales — a menudo denominado la “función fiscal sombra ” — puede verse tentado a tratar de gestionar los riesgos fiscales, disputas o litigios en curso que pueden tener implicaciones más amplias para su empresa. El ochenta y dos por ciento de los encuestados afirma que ganar el control en esta área entregaría algo o un valor significativo a su empresa.

De cara al futuro, 69 % de los ejecutivos de impuestos y finanzas dicen que esperan que el enfoque general de su organización en la gobernanza fiscal crezca en el próximo período de dos años. Eso es importante porque la nueva ola de riesgo y controversia, junto con los nuevos requisitos de la autoridad de ingresos en torno a la gobernanza, pondrá a prueba la resiliencia de los modelos actuales de gobernanza fiscal de las organizaciones.

Cómo se ve la buena gobernanza en materia de impuestos

Los ejecutivos de impuestos y finanzas pueden probar su modelo de gobierno fiscal en lo que respecta al riesgo fiscal y la controversia de varias maneras. El primero, que definitivamente no se recomienda, es esperar y ver si surgen nuevas disputas. En segundo lugar, las empresas que ya participan en programas de garantía del cumplimiento de las obligaciones fiscales (en jurisdicciones como Australia, Alemania, los Países Bajos, Nueva Zelanda y el Reino Unido) pueden esperar comentarios periódicos de la autoridad tributaria sobre el rigor de su modelo. En tercer lugar, pueden optar por participar en uno de los muchos programas de autoridad tributaria voluntaria que revisan y prueban la eficacia de sus capacidades de gobierno, como en Singapur y Malasia.

Los ejecutivos de impuestos y finanzas generalmente tienen una mirada positiva sobre dichos programas voluntarios. El cincuenta y nueve por ciento dice que es algo o muy probable que participen en ellos cuando estén disponibles, mientras que 22 % dice que ya están participando. Apenas el 19 % dice que es algo o muy poco probable que participen.

La mejora de los datos es una forma crítica de equipar cualquier modelo de gobierno fiscal con los conocimientos necesarios para gestionar de manera efectiva el riesgo y la controversia fiscal. Esta es la segunda área que se debe priorizar.

Si bien la gestión general de datos fiscales y financieros no es responsabilidad de los especialistas en controversia fiscal, estos profesionales tendrán un interés personal en asegurarse de que los datos correctos estén siempre disponibles; una declaración de impuestos basada en datos precisos siempre es preferible a tratar de obtener y explicar datos o pruebas adicionales después de que se haya producido la presentación.

Quizás ante todo, las funciones fiscales deben garantizar que se dedique el tiempo apropiado por adelantado a identificar los datos correctos y garantizar que se pueda acceder rápidamente a ellos si se produce una auditoría o examen. "La mejora de los datos desde la perspectiva de los precios de transferencia se centra en un espectro de fuentes diferentes", afirma Fultz. "En términos generales, la función fiscal necesita información financiera detallada y precisa, acuerdos legales, documentos empresariales y mucho más. Las solicitudes de estos datos llegan temprano en los exámenes, y las demoras en responder a las solicitudes de datos financieros pueden hacer un daño irreparable a una relación de examen”.

En segundo lugar, las funciones fiscales necesitan mejores datos — y conocimientos — en torno a las auditorías fiscales activas y las disputas. Para lograrlo, los datos deben ser precisos, actuales, reproducibles y estar disponibles.

“Los líderes de funciones fiscales también quieren una visibilidad total de las disputas para entender dónde se encuentran sus exposiciones más grandes o más urgentes”, dice Coronado. Sin embargo, los resultados de la encuesta indican que muchos no están cumpliendo este objetivo. Solo el 25 % tiene visibilidad completa sobre todas las disputas a nivel mundial, prácticamente el mismo número que en nuestra encuesta 2021 (24 %). Casi la mitad — 45 % — dicen tener visibilidad “sustancial”, definida como más del 75 % de sus disputas. El veintiséis por ciento tiene sólo visibilidad parcial, definida como 25 % a 75 %.

Una razón de esto podría ser que para obtener una mejor visibilidad se requiere que se lleven a cabo los procesos adecuados para comunicar los datos a las personas adecuadas que puedan interpretarlos y administrarlos. En esencia, las funciones fiscales más centralizadas necesitan datos sobre disputas que les sean comunicados por profesionales locales que a menudo pueden sentarse fuera del equipo fiscal.

Idealmente, los datos capturados a partir del seguimiento preciso de las disputas fiscales también se pueden analizar para producir nuevos conocimientos que pueden ayudar a predecir dónde y sobre qué tema puede ocurrir una auditoría futura.

“Ejecutar una estrategia de datos sólida no solo significa que las auditorías y exámenes puedan responderse de manera oportuna”, dice Joel Cooper, EY Global International Tax and Transaction Services Controversy Leader. "En términos más generales, cuanto mejor sea el acceso de una organización a datos limpios, segmentados y precisos, más tiempo podrá dedicarse a cuestiones estratégicas – como ser más proactivo a la hora de identificar y gestionar nuevos riesgos, impidiendo que se conviertan en litigios."

Los datos de los contribuyentes se hacen públicos

La perspectiva de que las presentaciones de CbCR pronto se hagan públicas en muchas jurisdicciones fue de particular preocupación para los encuestados, dados los posibles riesgos reputacionales que pueden ocurrir a medida que los activistas y el público en general intentan interpretar esta información compleja pero sumaria. Como resultado, los líderes de funciones tributarias necesitarán crear un proceso continuo mediante el cual se revisen todas las solicitudes de CbCR y las divulgaciones públicas existentes (como descripciones narrativas o modelos totales de contribución fiscal y social) a medida que se publiquen nuevos informes de CbCR. Esto representará una pesada carga para la función tributaria; será importante automatizar algunas o todas las tareas relacionadas con los datos.

En el futuro, los especialistas en controversia fiscal necesitarán tener una sólida comprensión de la ciencia de datos, una visibilidad clara de qué datos están disponibles para respaldar sus objetivos y estar facultados para imponer cambios en la estrategia de datos (y operaciones) de la función tributaria cuando sea necesario para apoyar los objetivos de gestión de controversias.

No saber cuánto impuesto habrá que pagar en un año determinado es una fuente común de incertidumbre, por grande o pequeña que sea una empresa. Esa incertidumbre, que según la encuesta probablemente crecerá a corto y mediano plazo, a menudo puede traducirse en la necesidad de crear una provisión fiscal de tamaño sustancial para muchas empresas. En circunstancias extremas, una disputa o litigio puede incluso desencadenar una reactivación financiera.

En consecuencia, la mayoría de las empresas buscan aumentar la certeza fiscal cuando y donde puedan en un intento de prevenir disputas en primer lugar o de abordar mejor las disputas que sí ocurren. Crear certidumbre implica tanto actividades internas como la consideración de un espectro de herramientas y programas ofrecidos por muchas autoridades de ingresos. Los líderes de funciones fiscales que tengan una gobernanza sólida y mejores datos en su lugar estarán en la mejor posición para cumplir con esta búsqueda de certeza anticipada.

"Las empresas entienden que tienen obligaciones fiscales, pero la falta de claridad sobre cuáles son realmente esas obligaciones a menudo puede ser más impactante que la cantidad real a pagar", dice Cooper. “Puede parecer paradójico que la certeza fiscal se pueda lograr en un mundo tan incierto, pero definitivamente hay formas de aumentarla”.

Al observar primero las actividades internas de la función tributaria, los encuestados dicen que ser más proactivo en la identificación y gestión de los riesgos fiscales antes de que se conviertan en disputas aportaría el mayor valor a su función fiscal en los próximos dos años. Cuanto mayor era la empresa, más probable era que suscribieran esa opinión.

La gestión de los riesgos fiscales está supeditada a que primero se puedan identificar dichos riesgos, logrados mediante el establecimiento de protocolos efectivos de evaluación de riesgos fiscales. Nuevamente, el éxito en esta área requiere el compromiso no sólo de recursos de la función tributaria central, sino también de la colaboración con el personal fiscal y financiero local.

Una vez que se identifican los riesgos emergentes, el seguimiento de ellos a lo largo del ciclo de vida de la controversia es fundamental. Los negocios que ya se están moviendo activamente en esta dirección suelen completar tres actividades importantes, generalmente en un orden establecido:

• Primero, crean un “registro” de riesgo fiscal. Esto ayuda a alertar a los líderes fiscales y a los gerentes de controversias sobre nuevos riesgos fiscales tanto a nivel de las entidades centrales como locales. El ochenta y tres por ciento de los ejecutivos de impuestos y finanzas dicen que adoptar dicho registro de riesgos entregaría algún valor o significativo.
• En segundo lugar, vinculan los resultados de la evaluación del riesgo fiscal con los procesos de gestión del riesgo fiscal. Eso podría implicar modificar un control fiscal interno o utilizar una herramienta de autoridad tributaria como un Acuerdo Anticipado de Precios (APA).
• En tercer lugar, utilizan los resultados de la evaluación de riesgos para identificar aquellas operaciones para las que se debe crear documentación auditable, transparente y de respaldo. El ochenta y cuatro por ciento de los ejecutivos de impuestos y finanzas dicen que mejorar la documentación contemporánea de ciertas transacciones para aumentar la preparación general de la auditoría fiscal entregaría algo o un valor significativo a su organización.

Prevenir es mejor que curar

Externamente, muchas autoridades fiscales ofrecen una variedad de programas que pueden ayudar a un contribuyente a lograr mayores niveles de certeza fiscal (pero no necesariamente certeza jurídica) de que las posiciones que asumen en su declaración de impuestos no serán auditadas.

Estos programas abarcan tanto las fases previas como posteriores a la presentación. Los programas previos a la presentación incluyen asegurar resoluciones fiscales o APA, donde el 80 % dice que asegurar uno o más APA entregaría algún valor o un valor significativo. Eso no es sorprendente dada la cantidad de empresas que están tratando activamente de asegurar nuevos APA antes de la implementación del Pilar Dos.

También están disponibles en el periodo previo a la presentación de informes diversos programas cooperativos de cumplimiento, tanto a escala nacional (como el programa holandés de supervisión horizontal) como multilateral, en el caso del International Compliance Assurance Programme (ICAP), respaldado por la OCDE y adoptado actualmente por 22 jurisdicciones. Pero menos de la mitad de los encuestados (48 %) dicen que actualmente ejecutan una estrategia de cumplimiento cooperativo, proactiva y claramente definida.

Las disputas fiscales a menudo ocurrirán incluso después de que se hayan agotado todos los esfuerzos para prevenirlos. Aquí, la amplitud y alcance de la documentación requerida por las autoridades fiscales se está expandiendo rápidamente, pero los ejecutivos de impuestos y finanzas indican que queda trabajo si el negocio va a seguir el ritmo de las demandas de las autoridades. Alrededor del 54 % de los encuestados, por ejemplo, afirman que actualmente no crean ni mantienen archivos de documentación fiscal basados en la sustancia o la actividad empresarial a los que se pueda recurrir si se audita una transacción. Casualmente, la misma proporción dice que seleccionan transacciones clave y revisan periódicamente la documentación de respaldo. Esta es una área en la que los encuestados tal vez deseen considerar invertir más tiempo.

Tanto la existencia como el resultado de una disputa fiscal pueden reducir drásticamente la certeza fiscal. Por lo tanto, los líderes fiscales proactivos tienden a considerar lo que se puede hacer para aumentar la certeza fiscal tanto al inicio como durante una disputa misma. Ejecutivos fiscales y financieros dicen, por ejemplo, que su principal prioridad es tratar de comprender mejor las preocupaciones y objetivos de las autoridades fiscales antes de que inicie una auditoría fiscal. También pondrán en marcha procesos para ayudar a garantizar que cualquier acuerdo considere los posibles efectos multianuales, multijurisdiccionales de “banderas rojas” y efectos colaterales. Por último, los líderes fiscales proactivos entrarán en cada auditoría o disputa con el mayor conocimiento posible del proceso de auditoría local y enfoques culturales.

Nunca es tarde para buscar resolución

Cuando los desacuerdos dan como resultado nuevas evaluaciones fiscales, los programas de resolución de disputas también pueden contribuir a mayores niveles de certeza fiscal. El Procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) es fundamental para resolver las controversias transfronterizas por doble imposición y obtener el alivio de la doble imposición.

El MAP es una de las principales herramientas de que disponen las empresas para resolver tales controversias, y las revisiones por pares (bajo la Acción 14 de BEPS) han estimulado cambios en la estructura y organización de las autoridades competentes, agilizando sus procesos para resolver los casos de MAP de manera oportuna.

Los resultados del trabajo de la OCDE apenas empiezan a ser más visibles lentamente; 37 % de los ejecutivos de impuestos y finanzas (un punto porcentual más alto que en nuestra encuesta de 2021) dicen que utilizan MAP, aunque esta cifra sí crece entre las empresas más grandes. Sin embargo, muchas empresas pueden no ser conscientes de que MAP puede usarse para abordar un espectro de temas relacionados con los derechos fiscales, más allá de los precios de transferencia y la asignación de ganancias. Dado el Pilar Dos y otros desarrollos, la consideración del MAP cobrará aún más importancia.

Cuando el acuerdo entre el contribuyente y la autoridad tributaria es simplemente inalcanzable, el litigio fiscal puede ser la única manera de proceder. Pero casi dos tercios (64 %) de los encuestados dicen que no tienen una estrategia de litigio fiscal definida.

De cara al futuro — a la implementación del Pilar Dos, el CbCR público y la implementación de una multitud de nuevos requisitos locales de transparencia y divulgación — cualquier esfuerzo para lograr mayores niveles de certeza fiscal será primordial.

Certeza en un mundo incierto

Muchas funciones fiscales se están moviendo ahora para centralizar y combinar más de sus procesos de controversia, localizar políticas y controles y poner en marcha roles bien definidos de controversia fiscal. Estas actividades están diseñadas no para retirar responsabilidad a los profesionales locales, sino para colaborar más estrechamente en la identificación y gestión de riesgos y evitar exposiciones.

Cualquier grado de certeza fiscal que se pueda asegurar en un mundo incierto es más seguro, más inteligente y más estratégico que sentarse y esperar lo mejor. Una función tributaria que esté mejor conectada con el negocio a través de un sólido marco de gobierno fiscal y que haga uso de las últimas capacidades de datos estará en condiciones de aportar más valor a los objetivos generales de la organización, ya sean relacionados con ESG, valor a largo plazo o protección de la empresa. Y eso convierte el riesgo en oportunidad.