En varios países de Latinoamérica, hemos visto ejemplos constantes de compañías enfrentando prácticas inadecuadas que afectan sus estados financieros al incluir el reconocimiento o aumento artificial de las ventas, las transacciones ficticias entre empresas relacionadas, los errores de inventario, la contabilidad inadecuada de ingresos y pasivos, entre otras.
Los problemas de fraude en relación con las adquisiciones o inversiones han hecho que las empresas estén cada vez más expuestas a responsabilidades y sanciones, así como pérdidas financieras y riesgos reputacionales. Este escenario ha llevado a muchos a cuestionar el grado de análisis y debida diligencia que una organización debe establecer en el proceso de toma de decisión, previo a la implementación de una inversión o adquisición. Es decir, deben reflexionar si efectivamente cuentan con el conocimiento y la información adecuada sobre los riesgos y controles existentes para saber cómo afectan el negocio del target y, por consecuencia, a la transacción.
Fortalecer el proceso de due diligence
El procedimiento de debida diligencia implica evaluar y comprobar la eficacia del programa de controles de fraude y anticorrupción del target, además de brindar un buen conocimiento sobre los controles existentes. Debe considerar el nivel de riesgo de la interacción del target con las entidades expuestas al gobierno, su personal y terceros claves. Siempre que sea posible, habrá que realizar procedimientos y pruebas específicas de la integridad de los estados financieros y las representaciones cruciales para la valoración de la transacción, así como aquellas que permitan identificar elementos de fraude coordinado, conflictos de intereses o transacciones sospechosas con partes relacionadas.
Una transformación impulsada por las personas
Cada acuerdo de M&A debe estar protegido previamente por la debida diligencia incluyendo, cada vez más, los procedimientos para las prácticas de soborno y corrupción. Esto exige la participación de profesionales con capacidad de asimilar la sofisticación —que en muchos casos sirve para esconder las estructuras de fraude—, así como de personas que logren dimensionar adecuadamente los riesgos y sus efectos en dicha transacción. Los Consejos deben insistir en que su área legal y de cumplimiento se involucre desde el inicio del proceso para administrar los riesgos de integridad y asegurar el capital.
