Una de las cosas gratificantes para los tributaristas en el último tiempo ha sido el nivel de atención que hoy se presta a las discusiones sobre reforma tributaria. Esta discusión es de capital importancia para la sostenibilidad de las cuentas fiscales, pero la verdad se ha ido poniendo más compleja y polémica -y algo frustrante- a medida que el tiempo pasa.
Es bien sabido que las finanzas públicas están en una senda de progresivo deterioro. En el último tiempo, la deuda ha crecido, los activos del Tesoro Público han bajado, y las holguras fiscales son limitadas (incluso negativas en las proyecciones 2025 y 2026); en consecuencia, no existe espacio para incurrir en nuevos gastos permanentes, salvo que se incrementen los ingresos o se disminuya el gasto. Para la salud financiera de nuestro país parece ser imperativo adoptar al menos una de estas estrategias, pero ¿cómo lograrlo?
Nuestra recaudación fiscal como porcentaje del PIB bajó a 17,6% en 2023 desde 21% en 2022, lo que complica aún más las cosas. Pero quizás más relevante que ese dato puntual es que la recaudación se ha mantenido flotando por muchos años en torno al 20% del PIB, a pesar de que ha habido sucesivas reformas tributarias que han incrementado significativamente la tributación (por ejemplo, hace 10 años la tasa de impuesto a las empresas era de 21%, hoy es de 27%), y que en todos los casos no han estimado de manera certera los incrementos de recaudación que sus autores y Hacienda esperaban.
Entonces, ¿qué pasa exactamente? Depende de a quién se le pregunte. Muchos expertos señalan que la tributación a las rentas personales es el problema, ya que existen tramos exentos muy significativos y por tanto la base de contribuyentes es muy pequeña cuando se compara con la OCDE. Esto es objetivamente incontrovertible, el único problema es que subirles impuestos a las personas de menores ingresos no es una idea muy popular en política que digamos. Recordemos que el foco del primer proyecto de reforma tributaria del actual Gobierno, y en general lo que habían expresado en su programa y campaña, era justamente subir impuestos a los contribuyentes con mayores recursos.
El instinto del Gobierno en torno a lograr un pacto fiscal es correcto, pero la verdad parece haber poca convicción de todas las partes involucradas. Con el proyecto de cumplimiento tributario mediante ciertos cambios en las facultades del SII, se espera recaudar 1,5% del PIB. Sin embargo, en el mundo privado, varios actores han expresado sus dudas respecto de las estimaciones de recaudación del proyecto de cumplimiento, que en buena medida consagra legalmente cosas que en la práctica ya ocurren.
A fines del año pasado, el SII presentó un informe encargado al ex director del SII, Michel Jorratt, que concluía que había una brecha de cumplimiento en impuesto corporativo a la renta de 51,4%, y de 18,4% en IVA - sin embargo, se han levantado varias objeciones, entre ellas que Chile recauda como porcentaje del PIB un monto similar a otros países con tasas de impuestos corporativos parecidas y bajas mediciones de evasión. A su vez, hay actores que apuntan a la “economía sumergida” como uno de los focos que más causa brechas de cumplimiento. El problema, en este último caso, no sería que se requieren reformas legales, sino que las herramientas que hay no se usan - por ejemplo, el comercio clandestino ya está sancionado, por lo que sería simplemente un problema de voluntad que no se le ponga atajo.
Otros dicen que en realidad el problema está por el lado de los gastos, y el caso de las fundaciones y los variados escándalos que aparecen de tiempo en tiempo en municipalidades parece confirmarlo, al menos de manera anecdótica. Acá tampoco parece haber gran voluntad política, hay rigideces legales probablemente insalvables (como el estatuto administrativo) salvo un consenso transversal (que parece haber seguido la suerte de los unicornios).
Todo lo anterior es -al menos para quien escribe- muy interesante, pero a la vez frustrante ya que no parece haber ninguna salida creíble al empeoramiento de las cuentas fiscales, que es un problema de primer orden. Como en todo, hay opiniones, pero al menos a mí no me acomoda ni me parece justo gastar los recursos de mis nietos. El alza del precio del cobre probablemente nos dé un respiro, pero parece poco probable que sea una solución para el largo y mediano plazo. Es muy difícil decir cuál es la receta perfecta, pero como en todas las cosas, lo mejor es enemigo de bueno.
